La retirada formal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) ha provocado un torrente de lágrimas y advertencias de expertos y economistas ortodoxos sobre el fin del libre comercio y la creciente hegemonía china.

Pero no hay motivos para llorar ni tampoco para temer. El TPP era un error. No tenía nada. Aunque se anunciaba como un acuerdo transpacífico, alrededor de 500 millones de los 750 millones de personas que viven en los países afectados por el acuerdo se encuentran en países del continente americano –Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile–  que ya forman parte de acuerdos de libre comercio interrelacionados.

En cuanto al resto de países involucrados en el TPP –Nueva Zelanda, Singapur, Brunéi, Malasia, Japón y Vietnam–, Estados Unidos ya tiene acuerdos de libre comercio con Australia y Singapur, sin olvidar otros acuerdos de apertura de mercados con Japón. Al dejar a China, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Tailandia e India fuera del acuerdo, Washington estaba ignorando la vasta mayoría de los países y personas de la región de Asia-Pacífico. Además, incluso sus defensores más apasionados consideraban que el acuerdo no proporcionaría prácticamente ningún beneficio económico a Estados Unidos.

Fue precisamente esa ausencia de beneficios económicos la que obligó al anterior presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a remover el fantasma chino para lograr la aprobación del acuerdo. Según Obama, el TPP impediría que China definiera las reglas del comercio en un futuro próximo, además de frenar su hegemonía en Asia. No solo era una afirmación falsa, sino que también era ridícula. China ya estaba negociando, tanto con todos los países involucrados en el TPP como con el resto de países de Asia mencionados arriba, un acuerdo llamado Parternariado Económico Comprehensivo Regional (PECR).

Nada que hiciera Estados Unidos habría impedido que esos países firmasen  a su vez acuerdos con China. Tampoco dependía la influencia de China de ningún acuerdo de comercio firmado por Estados Unidos. Su influencia nacía, y lo hubiera seguido haciendo, de su fuerte y creciente competitividad económica internacional. De hecho, fue impulsada en buena medida por su gran y continuo superávit comercial con Estados Unidos y la reserva resultante de dólares. Gracias a esas reservas, China pudo impulsar un banco para infraestructuras, el Banco Asiático de Inversión en Infraestrucutura, y promover su comentado proyecto "Un cinturón, una carretera", (One Belt One Road en inglés), también conocido como la Nueva Ruta de la Seda. Frenar el cada vez mayor poder de China nunca se habría logrado con un acuerdo comercial insignificante como el TPP propuesto.

Para el futuro, lo que Estados Unidos necesita no son acuerdos de libre comercio, sino un comercio más equilibrado y respuestas más eficaces a políticas y prácticas mercantilistas. Para ello, tienen que abordarse cuatro elementos clave: divisas, impuestos, incentivos fiscales y la intimidación gubernamental informal.

1. Divisas. El actual régimen de flotación de divisas del sistema monetario internacional deja al dólar estadounidense, la principal divisa del mundo, expuesto a la manipulación. Los gobiernos intervienen en mercados de divisas para comprar y vender dólares con la intención de debilitar o reforzar sus propias divisas en lugar de dejar que sea el propio mercado el que decida por sí solo los tipos de cambio. Los gobiernos emplean esta práctica principalmente para estimular sus exportaciones. Les permite mantener sus divisas artificialmente infravaloradas, pero también pueden utilizarla para reforzarlas en un intento de proteger o potenciar los productores nacionales al frenar la salida de capital del país.

Para mejorar esta situación, Estados Unidos podría tomar tres medidas. La primera, liderar una iniciativa dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI) para consensuar unas reglas dirigidas a lograr un comercio equilibrado para todos los actores del sistema. Este fue uno de los objetivos de la Conferencia de Bretton Woods en la que se creó el FMI y que ahora debe reforzarse.

Una segunda medida sería lo que podría denominarse una tasa de acceso al mercado para las inversiones en Estados Unidos hechas desde el extranjero. Una tasa del 2 %, 3 % o 4 % podría imponerse a los flujos entrantes de inversión. Esta tasa se podría ajustar a la baja una vez se reduzca el déficit comercial estadounidense y al alza si éste aumentara. Los fondos generados por la tasa podrían depositarse en un fondo que pagaría la administración del sistema, además de poder reinvertirse en infraestructuras.

Una tercera medida consistiría en que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos compre y venda divisas para compensar cualquier manipulación.

2. Impuestos. Estados Unidos tiene uno de los impuestos de sociedades más altos del mundo y es uno de los muy pocos países que no aplica un impuesto sobre el valor añadido (IVA). Washington debería actuar rápidamente para reducir la tasa impositiva sobre las empresas hasta entre un 15 % y 22 %, un porcentaje similar al de Singapur, Reino Unido y Suecia. El cambio haría que invertir para producir en Estados Unidos resultara mucho más atractivo que en la actualidad. Además, Washington debería adoptar su propio sistema de IVA para financiar las mejoras necesarias en las infraestructuras. Al igual que todos los impuestos sobre el valor añadido, este se rebajaría para las exportaciones y se aplicaría a las importaciones de modo que la situación de Estados Unidos se equiparara a la mayoría de sus socios comerciales.

3. Incentivos para la inversión. Frente a los incentivos a la inversión como la cesión de suelo gratuito, las vacaciones fiscales y otro tipo de subvenciones que distorsionan los flujos de inversión internacional, Washington debería proponer que la Organización Mundial del Comercio tome medidas disciplinarias. Al mismo tiempo, para fomentar la negociación sincera de tales castigos, el Gobierno de Estados Unidos también debería establecer un fondo que podría utilizarse cuando fuese necesario igualar las ofertas que puedan hacer otros países a empresas multinacionales.

4. Intimidación. Por último, Estados Unidos probablemente debería considerar anunciar y aplicar una política de reciprocidad con respecto a la “tutela administrativa” o las estructuras industriales de otros gobiernos. Así, si un socio económico de Estados Unidos prohíbe la entrada de determinadas corporaciones estadounidenses en su mercado, ese socio debería ser consciente de que podría sufrir una exclusión mercantil recíproca. En este sentido, las inversiones en Estados Unidos por empresas de países con gobierno autoritarios no sujetos al imperio de la ley deberían verse seriamente restringidas.

En conjunto, estas medidas harían que la globalización no sólo resultara segura, sino que también sea rentable para Estados Unidos.