Las filtraciones (y las personas que filtran) pueden jugar un gran papel a la hora de destapar los comportamientos dudosos en el ámbito financiero. Recuerde el caso de la antigua trabajadora de Enron Sherron Watkins y el de la empleada de WorldCom Cynthia Cooper. Las dos ayudaron a revelar un fraude masivo dentro de sus organizaciones y que costó miles de millones de dólares a los accionistas.

Las investigaciones sobre ello sugieren que son los trabajadores quienes se encuentran normalmente en la posición de descubrir y desenmascarar las infracciones de las empresas en las que trabajan. Quizá esa sea la razón por la que la Ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street y protección del consumidor de 2010 promueva las denuncias y las filtraciones por parte de los trabajadores.

 Puede que por eso la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y de Protección de los Consumidores de 2010 fomenta las denuncias de empleados: la Sección 992 de la ley promete proteger a los denunciantes frente a las represalias además de recompensar económicamente sus revelaciones, con entre un 10 % y un 30 % de los daños económicos causados y cobrados a la empresa. Desde que se implantó este programa, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha abonado más de 111 millones de dólares (unos 105 millones de euros) en pagos a 34 denunciantes, siendo el mayor de ellos uno de 30 millones de dólares (unos 28,4 millones de euros) en septiembre de 2014.

Mientras que la protección y recompensa de las filtraciones podría incentivar a más trabajadores a dar la voz de alarma, las empresas podrían contraatacar y convertir también el silencio en beneficios. En un estudio publicado recientemente en The Journal of Accounting and Economics, examinamos si las empresas utilizan incentivos financieros para desalentar a los trabajadores. Aunque existen muchos tipos de incentivos económicos, decidimos centrarnos en las opciones de compra de acciones para trabajadores porque los datos son más fáciles de obtener. El valor de las opciones sobre acciones está directamente vinculado con el valor de las acciones en sí mismas, y una denuncia o escándalo en la empresa provoca una caída inmediata del precio de las acciones. Por lo tanto, los trabajadores, si denuncian, tendrían más que perder económicamente. Además, las opciones sobre acciones para los trabajadores normalmente incluyen cláusulas para retener a los trabajadores y que les impiden canjear sus opciones antes de un número de años determinado, lo que también podría desincentivar la filtración de información hasta entonces.

A partir de una base de datos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford (EEUU), identificamos una muestra de 663 empresas acusadas de falsificar informes financieros y demandas de forma colectiva en los tribunales federales de Estados Unidos entre 1996 y 2011 y estudiamos el número de opciones sobre acciones concedidas a trabajadores de nivel bajo y medio durante el período de la supuesta falsificación de informes. Descubrimos entonces que estas empresas concedieron más opciones sobre acciones durante el período de informes falsificados que otra muestra de 663 empresas similares no investigadas por fraude. La concesión de opciones por parte de las empresas sospechosas de fraude varió en el tiempo. En concreto, las empresas supuestamente fraudulentas concedieron un 14 % más de opciones sobre acciones a trabajadores base mientras, en teoría, falsificaban sus informes económicos. Después de que, se supone, dejaran de falsificar los informes, el número de opciones se redujo un 32 %. Esta correlación sugiere que estas empresas concedían opciones sobre acciones adicionales de forma estratégica cuando, supuestamente, se dedicaban a falsificar sus informes.

También comprobamos que hacerlo era eficaz. Las empresas que presuntamente falsificaron sus informes y concedieron más opciones sobre acciones a los trabajadores de base tuvieron menos probabilidades de ser descubiertas por una filtración. Aproximadamente, el 10 % de las empresas de nuestra muestra se enfrentó al peligro de una filtración. Las empresas que lo evitaron ofrecieron un 78 % más de acciones a bajo precio que las que sí sufrieron una filtración.

Nuestra muestra sólo incluye aquellas conductas impropias o delictivas que fueron descubiertas. No podemos hablar por tanto de las empresas que, aun cometiendo un posible delito o falta, no fueron pilladas. Además, nuestras pruebas son circunstanciales, en el sentido de que no podemos observar directamente la motivación detrás de ofrecer opciones sobre acciones a los trabajadores. Lo mismo ocurre con la decisión de un trabajador para filtrar información. No obstante, mientras que la ley Dodd-Frank recurre a incentivos económicos por un 30 % del valor de los daños y multas cobrado a una empresa condenada, nuestro trabajo también apunta que las compañías podrían ofrecer sus propios incentivos para desalentar las denuncias.

Asimismo, y aunque hemos estudiado las opciones sobre acciones como el principal mecanismo para aplacar las filtraciones, las empresas también pueden utilizar otras tácticas. De hecho, investigaciones recientes de los medios indican que la SEC está vigilando otras formas de desincentivar la denuncia interna, como obligar a firmar acuerdos de confidencialidad y crear paquetes de beneficios y jubilación que prevengan a los trabajadores de contactar con los reguladores o acogerse a las protección gubernamental. A medida que los legisladores evalúen la eficacia de las normas y programas sobre las denuncias y filtraciones, también deberían recordar que las empresas sobre las que actúan no son espectadores mudos; también pueden tomar partido para "callar" a sus trabajadores.