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La Administración Trump tiene la oportunidad de ponerse a trabajar con otros 164 países para crear las "reglas del juego" que impedirán que China forme a empresas líderes con fondos del Gobierno. Tales empresas estatales o industrias respaldadas por el estado, como las del acero, el aluminio y los paneles solares, han inundado los mercados globales, han rebajado los precios y, literalmente, han provocado el cierre de cientos de start-ups de paneles solares en Estados Unidos.

Los ministros de Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se reunieron esta semana en Buenos Aires (Argentina) para celebrar su undécima conferencia a fin de revisar el progreso y establecer la agenda para las negociaciones comerciales globales. Estados Unidos pidió a los otros 163 países miembros que inicien conversaciones sobre nuevas disposiciones de "transparencia", dirigidas a China pero aplicables a todos los miembros. El objetivo es arrojar luz sobre el turbio negocio de los subsidios gubernamentales. Las normas existentes de la OMC requieren que todos los miembros notifiquen a la OMC cuando establecen subsidios que favorecen a las industrias nacionales (por ejemplo, préstamos de bancos gubernamentales a tasas inferiores a las del mercado, políticas reguladoras preferenciales, productos básicos a bajo precio u otros insumos de otras empresas estatales y tarifas de alquiler de suelo reducidas).

En un estado de partido único como China, las oportunidades para crear acuerdos no escritos sobre dichos apoyos son la norma. A nadie le sorprende que China se haya mostrado reticente o haya sido extremadamente lenta (a menudo con 10 años de retraso) a la hora de notificar a la OMC de sus subsidios. Pero sin esa información, el resto de miembros y sus industrias heridas no pueden impugnar los subsidios que violan las reglas. La propuesta de los Estados Unidos a la Conferencia de Ministros de Comercio de la OMC de darles fuerza a las disposiciones de transparencia, con sanciones administrativas, por ejemplo, como la suspensión de las negociaciones comerciales de la OMC, es un paso en la dirección correcta.

Pero entre los países, ya estén más desarrollados o menos, se está generando un gran concsenso alrededor de la idea de que necesitamos reglas globales mucho más sólidas para las empresas estatales. Estas deben estar estar respaldadas por una resolución de disputas vinculante que permita tomar represalias cuando se infringen las normas. Estados Unidos reconoció la necesidad de tales reglas hace 24 años con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que estipuló que las empresas estatales estadounidenses, mexicanas y canadienses no podrían discriminar a las empresas estadounidenses que venden bienes o servicios. Los acuerdos comerciales subsiguientes de Estados Unidos, la Unión Europea y la región de Asia-Pacífico han incluido restricciones cada vez más fuertes para las empresas estatales.

Esto demuestra que otros países apoyan a Estados Unidos en su preocupación por las prácticas chinas. Otros once países aceptaron la propuesta de la Administración Obama de incorporar el régimen para empresas estatales en el Acuerdo Comercial Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) que incluyó a Japón, Canadá, Australia, Chile, Perú e incluso México, donde las empresas estatales son fuertes. Este exitoso esfuerzo hace que la retirada de la administración Trump del TPP resulte aún más irónica: aquellos que más se han quejado sobre los abusos del sistema de comercio mundial han abandonado el conjunto de reglas más prometedoras para prevenir esos abusos.

Por ejemplo, las reglas del TPP prohíben otorgar subsidios a las empresas estatales en muchos casos; exige la divulgación de todas las empresas estatales en una página web pública, el porcentaje de acciones gubernamentales de empresas estatales, los títulos de funcionarios gubernamentales que sirven como funcionarios o pertenecen a las juntas directivas de las empresas estatales, los ingresos anuales de las empresas estatales e información sobre cualquier política o programa que proporcione subsidios; y ordena que las ventas y compras comerciales se realicen en base a consideraciones comerciales (definidas como precio, calidad, disponibilidad, transporte y comerciabilidad). Esto significa que los contratos del gobierno se otorgan al mejor postor sin discriminación a favor de empresas nacionales.

Ahora que Estados Unidos está fuera del TPP, pero los otros 11 miembros siguen adelante sin Estados Unidos, las empresas japonesas, por ejemplo, se beneficiarán de las nuevas reglas. Esto contará mucho cuando se realicen negocios en Vietnam, Malasia y México, donde partes importantes de la economía están controladas por empresas estatales. Si la retirada del TPP tenía la intención de reducir el déficit comercial de Estados Unidos, entonces socavar la capacidad de las empresas estadounidenses de competir con las empresas estatales en Asia es una extraña forma de hacerlo.

Pero no está todo perdido (todavía). Los miembros de la OMC a menudo han acordado incluir nuevas áreas en su libro de reglas después de que los acuerdos comerciales regionales hayan demostrado que son prácticas. Las normas de vital importancia de la OMC sobre el comercio de servicios y el respeto de la propiedad intelectual recibieron un impulso esencial de su inclusión en el TLCAN. Del mismo modo, las normas de las empresas estatales en el TPP (y ahora también en los acuerdos comerciales de la UE con Canadá y Japón, entre otros) también proporcionan un precedente alentador para su inclusión en el reglamento de la OMC.

No se conseguirá añadir tales normas sobre las empresas estatales a la OMC este año ni el que viene; harán falta años de negociación. Pero es un recorrido que merece la pena iniciar. La recompensa para muchas naciones sería grande. Esa es una razón más para que Estados Unidos se ponga las pilas.